KEVIN S. ACUERDO

Dos años después de que Nuevo México acordó reformar su sistema de cuidado de crianza en respuesta a una demanda que afirmaba que sistemáticamente vuelve a traumatizar a los niños bajo su cuidado, el estado se retrasa en sus compromisos y está luchando por promulgar las reformas necesarias. El acuerdo de la demanda de Kevin S., que lleva el nombre de uno de los demandantes, fue elogiado como innovador cuando se anunció en marzo de 2020 por su promesa de crear un sistema de atención "receptivo al trauma" que priorizaba colocar a los niños en entornos familiares seguros. Pero los defensores del bienestar infantil dicen que los retrasos del estado en la implementación de muchos de los requisitos del acuerdo ponen a miles de niños bajo custodia estatal en riesgo de sufrir más daños.

El departamento de servicios de protección infantil de Nuevo México está listo para recibir un aumento de fondos que, según los funcionarios, se utilizará para mejorar los servicios para los jóvenes de crianza, incluida la creación de ubicaciones más especializadas para algunos de los niños más vulnerables del estado. Durante la Legislatura de Nuevo México de 2022, los legisladores estatales aprobaron un aumento de fondos de 9.4% para el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias. CYFD, que solicitó casi $255 millones para su fondo general antes de la sesión legislativa, recibirá aproximadamente $230 millones para su presupuesto operativo del fondo general de 2023.

El tribunal de familia indígena de Nuevo México se inauguró en enero de 2020 con la intención de ayudar a prevenir la separación de los niños indígenas de sus familias y tribus. El tribunal, con sede en Albuquerque, se dedica a escuchar casos de bienestar infantil que se rigen por la Ley de Bienestar Infantil Indígena, o ICWA. 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México (CYFD), que supervisa los servicios de protección infantil, solicitó a la Legislatura estatal un aumento de $41.5 millones a su presupuesto para 2023. CYFD solicitó $254,948,200 para su fondo general, que compone alrededor del 70 por ciento de su presupuesto total. Se le dio $213,423,200 para 2022. 

Cuando la ex jueza de la Corte Suprema de Nuevo México, Barbara Vigil, se retiró del estrado en junio, no sabía qué seguiría, pero una cosa era segura: quería pasar de presidir casos de comunidades vulnerables a defenderlos activamente.